Hannah Richards © InspirAction

Un sistema fiscal eficaz y saludable es esencial para el buen funcionamiento de un país y el bienestar de sus habitantes. Con los impuestos recaudados, los gobiernos deben proporcionar a su país lo necesario para que prospere: infraestructuras, sanidad, educación. Por tanto, es responsabilidad de los gobiernos de los países en desarrollo no realizar concesiones desmedidas para atraer la inversión extranjera que puedan perjudicar a su pueblo, así como vigilar que las corporaciones que operan en su país paguen lo que deben. Pero por desgracia no siempre ocurre así: las malas prácticas y políticas –tanto a nivel nacional como internacional-  en muchos de estos países condenan a la población a la miseria.

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Bolivia, una historia de éxito

No todos los Estados permiten o agudizan el expolio. Muchos luchan activamente por un reparto equitativo de las riquezas entre su población y establecen fuertes medidas contra las multinacionales que explotan los recursos de su país.

Este es el caso de Bolivia. Tras las masivas protestas que tuvieron lugar en todo el país al inicio del nuevo milenio, el gobierno boliviano comenzó a gravar en un 50% las exportaciones de gas y petróleo. Esto supuso solo en 2007 un ingreso de 1.570 millones de dólares americanos en las arcas del Estado boliviano, el cual ha redistribuido gran parte de este dinero entre los más vulnerables, a través de tres medidas principalmente:

  • Pensión universal para mayores de 60 años
  • Becas para niños de primaria
  • Desayunos escolares para todos los niños de primaria

El poder del pueblo 

La gente arriesgó y perdió su vida en las protestas populares que reivindicaban el derecho de Bolivia a utilizar y decidir sobre las reservas naturales de gas y petróleo. La mayoría indígena estaba cansada de siglos de explotación de su riqueza, así que dijeron “basta”.

Tras la subida de Evo Morales al poder, las compañías de hidrocarburos se vieron forzadas a pagar un 50% de impuestos, frente al escaso 18% que pagaban con anterioridad. Estos ingresos se reparten entre las distintas regiones y la Tesorería boliviana y estos, a su vez, entre el pueblo en forma de servicios. 

Nuestras contrapartes CEDLA y Fundación Solón tuvieron mucho que ver en este logro, trabajando con comunidades indígenas en El Alto para que lucharan por sus derechos. Otra contraparte, Unitas, llevó a cabo el proyecto “Poder Local” cuyo objetivo era el fortalecimiento de las organizaciones locales, para que pudieran hablar por ellas mismas. CEDLA produjo y emitió un programa de radio y repartió folletos en distintas lenguas locales. También participó en el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos.

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