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Esta Ley podría dejar impune la masacre de El Mozote


La tranquilidad me inquietaba. Era mediodía y solo había unas pocas personas en la plaza del pueblo de El Mozote, en la provincia de Morazán, a 200 km de la capital de El Salvador, San Salvador. Frente a la iglesia en la plaza del pueblo, se encuentra un monumento construido para recordar a los hombres, mujeres y niños asesinados brutalmente a manos del Ejército hace 30 años.

Pueblos como El Mozote en el departamento rural de Morazán cayeron dentro de un área de combate durante la guerra civil que duró 12 años desde 1980-1992. El Mozote es emblemático por ser el sitio de una de las peores masacres en el hemisferio occidental. Las estimaciones sugieren que al menos 900 personas fueron asesinadas. El memorial lleva los nombres de los que perecieron. Entre ellos, 553 niños y niñas.

 En diciembre de 1981, mientras los soldados del ejército, incluido el temido Batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos, comenzaron a barrer el campo, los aldeanos de la zona oyeron el rumor de que debían abandonar sus hogares y reunirse en El Mozote.

Cuando los helicópteros volaban por encima, los soldados llegaron a la aldea y rodearon todo, los hicieron tumbar boca abajo en el suelo. Luego los encerraron en sus casas, amenazando con dispararlos si salían.

En las primeras horas del día siguiente, el 11 de diciembre, los llevaron a la plaza principal frente a la iglesia. Les separaron en dos filas, una para hombres y otra para mujeres; los hombres y los niños mayores fueron empujados a punta de pistola a la iglesia; y las mujeres y los niños más pequeños fueron dispersados ​​en diferentes casas. En la iglesia, los hombres fueron fusilados y algunos decapitados. Sus restos carbonizados fueron encontrados en el convento, junto a la iglesia.

Luego fueron a por las mujeres. Los jóvenes y las niñas fueron llevados a la ladera y violados, según el testimonio de Rufina Amaya. El marido de Rufina y sus cuatro hijos, el más pequeño de todos era tan solo un bebé, fueron asesinados. Ella logró esconderse detrás de un árbol y sobrevivió.

En 1993 una nueva ley de amnistía dejó estos delitos sin castigo al prohibir el enjuiciamiento de delitos de la guerra. Sin embargo, en 2016, el Tribunal Supremo del país declaró la ley inconstitucional, allanando el camino para que los casos se reabrieran.

En 2012, un informe de la Comisión de la Verdad llegó a la conclusión de que el Estado era responsable de las masacres en El Mozote y las áreas cercanas, señalando el gran número de niños que fueron asesinados y torturados. Muchas de las mujeres, algunas de apenas 12 años, fueron violadas antes de su ejecución.

Los sobrevivientes de la masacre y los familiares de las víctimas siguen esperando justicia, pero hoy una nueva ley de amnistía podría evitar su llegada.

La Asamblea Legislativa de El Salvador debe votar ahora la nueva y controvertida ‘Ley Especial de Justicia de Transición y Restauración para la Reconciliación Nacional’. A pesar de su título, la ley proporcionaría al ejército y a los guerrilleros una impunidad de facto por los delitos contra los derechos humanos cometidos durante el amargo conflicto del país en los años setenta y ochenta. La legislación propuesta está respaldada por el partido de derecha ARENA y, sorprendentemente, por el partido de los ex guerrilleros del FMLN, algunos de los cuales tienen sus propios crímenes de guerra para exonerar. Con la oposición del presidente entrante Nayib Bukele y condenado rotundamente por la mayoría de las organizaciones de víctimas y los organismos internacionales de derechos humanos, parece poco probable que la ley llegue al libro de estatutos.

La semana pasada, los salvadoreños tomaron las calles para rechazar la aprobación de la ley. Según la propuesta, acordada por los principales partidos políticos, muchos casos no se presentarán ante los tribunales y los perpetradores de delitos pueden realizar servicios a la comunidad en lugar de ir a la cárcel.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya ha declarado que la ley podría llevar a la impunidad por violaciones graves de derechos humanos.

InspirAction junto a la organización FESPAD, estamos trabajando para pedir al gobierno (formado hasta el 1 de junio por el partido político del FMLN, el antiguo grupo guerrillero) que demuestre que está del lado de las víctimas y de sus familiares.

FESPAD ha instado al presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén, a vetar esta ley por ser inconstitucional y ha solicitado a la CIDH que emita "medidas provisionales" para que El Salvador detenga la aprobación de la ley.

Debido a la tormenta de críticas que ha despertado la Ley, es posible que la Asamblea la paralice. El presidente entrante, Nayib Bukele, ya ha demostrado su posición al ordenar al Ejército que retire de sus cuarteles en San Miguel el nombre de "héroe" del ejército al teniente coronel Domingo Monterrosa, ex comandante del Batallón Atlacatl , acusado de ordenar la masacre de El Mozote. 

Los próximos días serán cruciales. ¿El nuevo presidente, Nayib Bukele, quien asumió el cargo el 1 de junio, continuará con sus declaraciones simbólicas y vetará la ley propuesta? ¿Estará del lado de las víctimas?

Publicado originalmente por LAB. Escrito por Paula Plaza.