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¿Cómo conseguir que un gobierno invierta contra la violencia de género?

Guatemala es el segundo país con mayor desigualdad de género de América Latina. Lo que convierte a las mujeres en uno de los mayores colectivos que sufre exclusión en el país.

Las raíces de esta desigualdad son múltiples y estructurales. Según nuestra organización socia en Guatemala ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), el 50% de las mujeres mayores de 15 años depende económicamente de un hombre. En comparación, solo el 14% de los hombres está en esta situación. La desigualdad salarial es enorme: por cada dólar que los hombres guatemaltecos ganan, las mujeres ganan 56 centavos. Las mujeres sufren un mayor índice de desempleo o subempleo y tienen una mayor presencia en el sector informal, lo que lleva a una falta de garantías con respecto a los derechos laborales.

La falta de posibilidades para la independencia económica de las mujeres las hace más susceptibles a sufrir relaciones de explotación y violencia.

¿Cómo enfrentar la violencia con presupuestos?

Guatemala tiene uno de los PIB más altos de América Central, sin embargo, es también uno de los países con mayores niveles de desigualdad de toda América Latina. La desigualdad de género, clase y etnia, multiplican la exclusión a la que muchos colectivos deben enfrentarse día a día.

Mientras la reducción de las desigualdades, y en concreto la desigualdad de género, no sea un eje trasversal en la política de un gobierno, estas no desaparecerán. Según ICEFI, la política fiscal del Estado en Guatemala es contradictoria, por un lado, financia una política pública que mantiene o acentúa la desigualdad, pero por el otro incluye políticas parciales destinadas a mitigar las consecuencias (pero no las causas estructurales) de esta desigualdad. Por esta razón, nuestra organización socia ICEFI, está haciendo campaña para un análisis transversal de género dentro de la política fiscal guatemalteca.

“El análisis de la política fiscal no puede ser neutro, dado que se observa por ejemplo que el IVA –cuyo incremento de su tasa impacta en la pobreza- afecta a las mujeres, pues la mayoría de familias con pobreza en Guatemala tienen jefatura femenina”. Indicó Ana Cevallos de nuestra organización socia ICEFI durante el coloquio «¿Cómo promover una fiscalidad igualitaria? organizado el 19 de septiembre por la Red Justicia Fiscal y Latinndadd.

El enfoque transversal se promovió en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing. La política fiscal centrada en el género cuestiona el impacto (positivo, negativo o neutral) que los presupuestos de gasto público pueden tener con respecto a la igualdad de género. Se busca asignar el gasto de una manera más eficiente respondiendo a las diferentes necesidades de hombres y mujeres.

Desde un enfoque basado en los derechos, los presupuestos sensibles al género permiten verificar si las políticas y los recursos contribuyen al desarrollo y garantizan la igualdad en todas las etapas de la vida. En términos de responsabilidad y transparencia, esta planificación facilita el monitoreo y la evaluación del gasto gubernamental, y si esto está en línea con los compromisos asumidos por el Estado.

Guatemala se ha comprometido a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y, desde 2012, ha avanzado en la implementación de un modelo de gestión de presupuesto basado en resultados. El Estado guatemalteco también ha ratificado convenios y tratados internacionales (como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW), comprometiéndose a buscar un mayor logro en la igualdad de género. A pesar de esto, muchos de los indicadores que se utilizan en el modelo de gestión no incluye información desagregada por sexo, lo que complica la realización de un análisis sensible al género del impacto del gasto gubernamental.

Junto con ICEFI hemos propuesto que el Congreso de Guatemala incluya en la aprobación del Presupuesto 2019 un artículo normativo que establecería un Comité Técnico Interinstitucional que trabaje para incorporar la desagregación de indicadores por sexo, así como incluir datos de línea de base y objetivos institucionales.

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