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Colombia: “Duele cuando dicen que no somos un pueblo desplazado”


“Realmente duele cuando la gente dice que no somos un pueblo desplazado. Duele porque hemos sufrido mucho. Me gustaría que la gente que dice eso viniera a nuestra comunidad y conociera la verdad de lo que está ocurriendo”.

Carmen tiene 52 años, 13 hijos y 15 nietos. Sus abuelos fueron de las primeras personas que llegaron a las Pavas, en Colombia. Desde entonces vivían de la agricultura hasta que en 2009 las fuerzas policiales colombianas les echaron a punta de pistola. Carmen y su familia tuvieron que marcharse.

Aprovechando el miedo y la confusión durante el conflicto armado, las tierras cultivadas por comunidades como la de Carmen en Las Pavas están siendo arrebatadas, bajo el respaldo del gobierno, por grandes empresas para el cultivo de la palma africana.

Las comunidades a menudo no tienen forma, no hay recursos para defender sus derechos a la tierra, o para defenderse contra las acusaciones de que son parte de grupos guerrilleros violentos.

InspirAction en Colombia

Desde InspirAction, trabajamos en Colombia para abogar por la defensa de los derechos humanos y la protección de los defensores de los derechos humanos. En particular, queremos ayudar a los grupos más vulnerables a entender y reclamar sus derechos, tal y como se establece en la Constitución de Colombia.

Los derechos sobre la tierra son un tema crítico con amplias conexiones con los derechos humanos, la violencia de género y la seguridad. Aunque en la Constitución colombiana se afirma que la titularidad de la tierra pertenece a aquellos que ancestralmente la hayan habitado, en la práctica, la falta de títulos de propiedad y la violencia recurrente hace que la expropiación de la tierra sea un abuso habitual.


Actualización del conflicto en Las Pavas

La hacienda de las Pavas, en la región del Magdalena Medio es un caso emblemático en los conflictos sobre la tierra. Expulsados en 2009 de forma violenta por la policía a petición de las empresas palmeras, la comunidad tuvo que huir hacia otras tierras. En 2011, La Corte Constitucional declaró que el desalojo había sido ilegal.

Desde que las familias volvieron han sufrido episodios de violencia, amenazas y extorsión por parte de las empresas palmeras. 

En noviembre, gracias al trabajo de nuestra contraparte, algunas de las tierras ocupadas por la empresa han sido declaradas públicas. Ahora debemos esperar el título de propiedad para los legítimos dueños.

Foto: Isabel Ortigosa © InspirAction 


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