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Un megaproyecto eléctrico con capital español no lleva luz, sino sombras, a comunidades afrodescendientes en Brasil

martes, 28 de mayo de 2019  Noticias InspirAction Brasil Derechos Humanos
La española Grupo Elecnor podría estar relacionada con violación de derechos quilombolas

“El proceso está acelerado, quieren empezar pronto a construir”. Esta es la primera noticia que tuvo Marcelino da Silva Sena, líder de la comunidad afrodescendiente Terra Quilombola Arapacu, sobre el proyecto de construcción de un tendido eléctrico que atravesaría las tierras en las que viven y que, paradójicamente, no llevaría electricidad a su comunidad. La empresa responsable del caso, Celeo Redes Brasil, entre cuyos accionistas figura la empresa española Grupo Elecnor, no les ha dado más información y el Gobierno, hasta el momento, no ha hecho respetar el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la consulta previa, tal como queda recogido en el Convenio 169 de la OIT. Es el Gobierno, se señala en este Convenio, el responsable de garantizar la realización de las consultas adecuadas.

Raimundo Ramos da Silva, dirigente de la Terra Quilombola Maratubinha, Mondongo e Igarapé Açu dos Lopes, zona afectada por este proyecto, insiste en que la empresa “tendría que mantener una reunión con la comunidad, aclarar algunas cosas y escuchar nuestras preguntas. Solo vinieron a decirnos que la línea se iba a construir, no tenemos informaciones concretas, ni documentos de la empresa”.

Carolina Bellinger, asesora de la Comisión Pro-Indio, lamenta que “este proyecto no prevé abastecer de energía a los quilombolas y las comunidades próximas”. De este modo, “los quilombolas se quedarían solo con los impactos y no se han aclarado cuáles serían las compensaciones”. La representante de nuestra organización socia subraya que los miembros de las comunidades afectadas “tienen derecho a la consulta libre, previa e informada y ese derecho debe ser respetado” y para hacer efectivo este derecho estamos trabajando con la Comisión Pro-Indio.

Los terrenos afectados por el proyecto de la línea de alta tensión están en proceso de titulación (que otorgaría una protección a la tierra y a sus habitantes) desde hace 13 años. En ellas viven 259 familias en total.

Este no es un caso aislado. Cuando Jair Bolsonaro estaba en campaña electoral, se manifestó abiertamente en contra de la protección de tierras para las comunidades indígenas y quilombolas frente a los intereses empresariales. Llegó a decir que “donde hay una tierra indígena hay una riqueza debajo de ella. Tenemos que cambiar esto”.

Meses después, se han anunciado varias infraestructuras en zonas que contaban con protección, como un puente sobre el río Amazonas o una carretera que cruzará la selva tropical. También se ha proyectado tendidos eléctricos en zonas indígenas o quilombolas (afrodescendientes), que se han encontrado con la protesta de las comunidades afectadas, que no han sido consultadas.

Es importante destacar que la competencia sobre las zonas en las que habitan indígenas y afrodescendientes, tras la llegada de Jair Bolsonaro, ha pasado al Ministerio de Agricultura, encabezado, denuncian los analistas, por partidarios de grandes proyectos y el agronegocio.


Frente a estas medidas que provocan la desprotección de las comunidades indígenas y quilombolas, organizaciones sociales y afectados están llevando a cabo protestas para hacer valer los derechos reconocidos internacionalmente.


Qué estamos haciendo

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InspirAction, a través de la su red internacional lleva muchos años trabajando en Brasil codo con codo con organizaciones como la Comissao Pró Índio (CPI), que apoya a comunidades indígenas y quilombolas en sus derechos sobre la tierra y su cultura. Los quilombolas son descendientes de esclavos que huyeron a la Amazonía y que bajo la ley brasileña tienen derecho a solicitar la propiedad legal de las tierras forestales donde han vivido durante generaciones. Esta defensa de sus territorios es además la mejor forma de defender la Amazonía, amenazada por la industria maderera y ganadera.

En este caso, desde InspirAction queremos apoyar la reivindicación de nuestras socias y las comunidades que podrían verse afectadas por esta construcción y pedimos al Grupo Elecnor que se asegure de que con sus inversiones se llevan a cabo solo proyectos que respetan el derecho de las comunidades a una consulta previa, libre e informada. Además, desde InspirAction estamos presionando por conseguir con un Tratado Vinculante de Naciones Unidas que obligue a las empresas (también a las españolas) a respetar los derechos de las comunidades en cuyas zonas operen.