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La industria minera, la gran amenaza de la Amazonía brasileña


El estado de Pará, en la Amazonía brasileña, ha visto crecer su población a un ritmo tres veces más rápido que el resto de Brasil en los últimos 40 años gracias a los empleos generados por las compañías mineras. Sin embargo este aumento también ha ido acompañado de un incremento de los desastres medioambientales, producidos principalmente por las roturas y las fugas en las represas necesarias para las actividades del sector minero.

Para los próximos veinte años se prevé la construcción de alrededor de 40 nuevas represas, un hecho que intensificará los conflictos entre los habitantes de la Amazonía y los grandes proyectos de minería y represas, cuyos planes chocan directamente con el modo de vida de los indígenas y quilombolas.


Norsk Hydro, acusada de derrame tóxico en el municipio de Barcarena

La compañía minera de refinación de bauxita para la elaboración de aluminio, Norsk Hydro, ha sido recientemente acusada de contaminar las aguas locales de varias comunidades del municipio de Barcarena, en el estado de Pará. Las fuertes tormentas del 16 y 17 de febrero provocaron, supuestamente, el desbordamiento de la cuenca hidrográfica de la planta de refinación Alunorte, lo que ha provocado la contaminación del agua utilizada por los habitantes de Bom Futuro y otras aldeas cercanas.

Aunque la empresa ha negado las fugas o roturas en el depósito de desechos, el estado de Pará ha afirmado que no hay dudas de que se ha producido un derrame. Así mismo el gobierno también ha acusado a la empresa de tener un oleoducto clandestino para descargar afluentes no tratados. Por su parte, los fiscales independientes del Ministerio Público Federal y el estado de Pará han solicitado a la empresa el cierre inmediato de la cuenca hidrográfica Norsk Hydro, y es que no se trata del primer accidente relacionado con esta empresa.

Norsk Hydro ha recibido casi 2.000 denuncias por contaminación de ríos y comunidades en Barcarena. En 2009 también se produjo un derrame tóxico que puso en riesgo a la población local de Barcarena y generó una destrucción significativa de la biodiversidad de la zona. Según IBAMA, la agencia ambiental de Brasil, la empresa aún no ha pagado las multas fijadas en 5,27 millones de dólares.


Daños medioambientales, expulsión de comunidades y violación de derechos humanos

La minería genera dos tercios de las exportaciones de Pará y representa el 13% del PIB del estado brasileño. No obstante, se trata de un sector en el que destaca la falta de compromiso con la seguridad y el cuidado del ambiente. El mayor desastre ambiental del país ocurrió en 2015, cuando se produjo un derrame de desechos en la represa Fundão en Minas Gerais. El colapso de la represa acabó con la vida de 19 personas y afectó a 1,6 millones de personas en la región. Su falla virtió 50 millones de toneladas de minerales y desechos tóxicos en el río Doce de Brasil, lo que contaminó el curso de agua y los cultivos, mató a peces y a animales silvestres.

No obstante, las posibles fugas o roturas de las represas no suponen los únicos impactos negativos del sector minero. El mismo levantamiento de estas construcciones ya supone un gran daño medioambiental pero también social, como la expulsión de miles de personas de sus hogares. Los impactos no se limitan a la pérdida de sus casas, sus tierras o sus medios de vida, también implican pérdidas sociales y culturales. Según Ivanei DallaCosta, de la Dirección Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB), las mujeres son uno de los colectivos más afectados. Y es que, tal y como afirma, con la llegada de miles de obreros a municipios pequeños aumentan los casos de acoso sexual, tráfico de mujeres, prostitución y violaciones.

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Ante tal situación las poblaciones persisten movilizándose para defender sus recursos naturales. Sin embargo, la criminalización, las amenazas y los asesinatos que sufren por ello no deja de aumentar. Hasta junio de 2017, en Brasil se registraron 42 muertes violentas y Rondônia, Pará y Maranhão, estados de las regiones norte y nordeste de Brasil, los más peligrosos. La muerte de Nicinha en 2016, una pescadora artesanal de Rondônia, líder del movimiento de afectados por las represas sigue muy presente así como también la de la hondureña Berta Cáceres.  


Energía: ¿negocio o Derecho?

Aunque en la mayoría de los casos la construcción de las represas, a pesar de los posibles impactos medioambientales, se justifica con el objetivo de suministrar energía a los habitantes de las comunidades cercanas, lo cierto es que la misión principal de éstas es abastecer a las plantas de refinamiento. Y es que  la minería y el procesamiento de minerales, en particular el aluminio, requieren grandes cantidades de electricidad. Es por ello que la construcción de plantas de refinería va acompañada de la edificación de represas para generar electricidad a través de la energía hidráulica.

Las compañías mineras han encontrado en la zona su nicho de negocio, y más teniendo en cuenta el apoyo del actual gobierno brasileño. Un buen ejemplo de ello es la reducción de los de impuestos sobre el consumo de energía que las exportadoras deben pagar al Estado, más bajos que los de las compañías que producen para el mercado nacional. Así mismo las exportaciones de aluminio también están exentas del principal impuesto del país, el ICMS. Un hecho que supone una gran pérdida de ingresos económicos para el Estado.


La titularidad de las tierras, necesaria para resistir a la invasión minera

El reconocimiento de la titulación de las tierras es la única manera de frenar la expansión de esta industria y los impactos negativos que está provocando, así como garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre las tierras que han estado habitando y cuidando desde hace siglos. 

Junto a nuestra organización socia, CPI, llevamos muchos años luchando para que las comunidades quilombolas obtengan los títulos de propiedad de sus tierras, un derecho garantizado por la Constitución brasileña de 1998 pero que sin embargo no deja de dilatarse como consecuencia de las presiones que ejerce la industria minera y maderera sobre el gobierno brasileño. Pero hay esperanza: los quilombolas de la comunidad Cachoeira Poteira acaban de conseguir la titularidad de sus tierras tras 23 años de lucha.

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Se trata de una gran victoria para esta comunidad de 500 habitantes, situada en el región de Oriximina, en el estado de Para. Allí, los quilombolas viven en estrecha armonía con el bosque. Su modo de subsistencia está basado en la cosecha de nueces, la agricultura y la pesca. Hace dos siglos, sus ascendientes llegaron a la zona escapando de la esclavitud a la que estaban sometidos en las plantaciones. La traicionera cascada de Cachoeira Porteira, más allá de la cual los capataces enviados para capturar a los esclavos no podían pasar, permitió que muchas personas se libraran de la esclavitud. Por ello la comunidad está fuertemente comprometida con la protección de la naturaleza en la que habitan.


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