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La Comisión Europea avanza contra la evasión fiscal, pero no lo suficiente

jueves, 22 de junio de 2017  Noticias InspirAction Justicia Fiscal     Transparencia
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas de transparencia para los intermediarios que realizan la planificación fiscal de las empresas - como asesores fiscales, bancos y abogados-.

Lo que la propia UE califica como nuevas y enérgicas medidas en favor de la transparencia y en aras de luchar contra el fraude fiscal de las empresas, son apenas unos pequeños pasos que, desde las organizaciones sociales que trabajamos por la justicia fiscal, no avanzan lo suficiente.

Desde Eurodad, Red Europea sobre Deuda y Desarrollo – de la que InspirAction es miembro-, se da la bienvenida a todo tipo de propuestas en favor de la transparencia, y en particular a lo relativo a los intermediarios y acuerdos que las corporaciones multinacionales utilizan para evitar los impuestos, pero tal y como explica su responsable de Incidencia en temas de Justicia Fiscal, Tove María Ryding, “lamentablemente, las propuestas se centran en cómo las administraciones tributarias europeas pueden obtener más información, pero ignora el derecho de la ciudadanía en general a saber lo que está sucediendo”.


Los cambios propuestos tienen que ver con la identificación de intermediarios en negociaciones con terceros países que no cumplen los estándares de buen gobierno, reducen especialmente las cargas fiscales o abusan de los acuerdos preferenciales de incentivos en impuestos.

Casos como los Papeles de Panamá, han puesto de manifiesto cómo consultores y asesores fiscales ayudan a las empresas y corporaciones multinacionales a eludir impuestos mediante rendijas legales y complicados entramados tributarios fronterizos que culminan en una planificación fiscal agresiva, que significa un descenso en los ingresos por tributación en los estados miembros de la UE. En muchas ocasiones incluso cuentan con el apoyo de los gobiernos.

Por eso desde Eurodad se pide más claridad en las medidas sancionadoras para estos intermediarios fiscales y se denuncia que “no tiene sentido que  las grandes consultoras financieras que han ayudado a las empresas multinacionales a esquivar miles de millones de euros en pagos de impuestos, puedan obtener al mismo tiempo contratos de las administraciones públicas, pagados con el dinero de los contribuyentes, para hacer trabajos de consultoría para los gobiernos”.

Mientras la información del régimen fiscal de las multinacionales no sea de uso público y siga primando el secreto y la confidencialidad, será difícil crear la voluntad política para un verdadero cambio y una auténtica rendición de cuentas.