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Indigenas Peruanos por el Comercio Justo

viernes, 19 de junio de 2009  Blog     Derechos Humanos

Los enfrentamientos violentos entre indígenas y la policía dejaron 34 muertos y 150 heridos en Bagua, en la Amazonía peruana. Los disturbios de principios de junio se produjeron cuando la policía se trasladó a la zona donde los indígenas protestaban en contra del presidente Alan García por la nueva legislación conocida como Ley de la Selva. Dicha ley se presentó como parte del acuerdo de libre comercio con los EE.UU. La legislación permitiría a las empresas comprar tierras comunales de la selva para la exploración petrolera, la minería y la agricultura de gran escala. Los grupos indígenas temen perder sus tierras ancestrales a raíz de la explotación comercial. Es por ello que tantos aplauden la decisión del gobierno peruano de derogar las leyes que ocasionaron las protestas y muertes a principios de junio.  Tambien es importante que se lleve a cabo una investigación imparcial que aclare lo sucedido, pues hay muchos  testimonios que indican que el número de muertos sería más elevado que el de las cifras oficiales. El gobierno peruano en su determinación de regenerar la economía ha venido promoviendo activamente la inversión extranjera, sobre todo en el sector de minería e hidrocarburos. Hoy, el Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo y el principal productores de oro, plata, zinc, plomo y estaño de América Latina. Por otro lado, el gobierno peruano afirma que está en contra de la destrucción de la selva amazónica y culpa a los mineros informales, los cultivadores de coca ilegal y la explotación forestal, sin embargo, la minería a gran escala en el Perú está reconocida como la actividad que mas daño ambiental provoca. El crecimiento exponencial del sector minero y de hidrocarburos ha dado lugar a graves problemas ambientales, incluyendo las emisiones tóxicas y el drenaje del nivel freático. La promoción de los intereses de las empresas extractivas sobre cualquier otra cuestión de importancia para las comunidades locales (los derechos a la tierra, la agricultura, la ganadería y el agua) han llevado a la escalada de los conflictos sociales. Estos conflictos han venido ocurriendo desde hace muchos años - culminando en los acontecimientos recientes en la Amazonía. El gobierno afirma que la ley que protege los 12 millones de hectáreas de tierra de propiedad de las tribus nativas amazónicas no serían tocadas, sin embargo, cabe anotar que el gobierno se reserva el derecho de explotar los minerales que se encuentran debajo de dichas tierras. El gobierno peruano tiene que cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas bajo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales que el gobierno ratificó en 1994. Finalmente, si bien las empresas obtienen enormes ganancias, los beneficios no son ampliamente compartidos. No hay transparencia en lo que respecta a los ingresos generados por el sector - y si bien el Perú se ha sumado a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, no hay cumplimiento y hay muy pocas pruebas que indiquen que dichas ganancias estén llegando a los gobiernos locales y beneficiando a la población en general.