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Decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana en riesgo de deportación masiva

jueves, 18 de junio de 2015  Notas de prensa República Dominicana Construyendo Paz     Apatridia

Acaba de terminar el plazo -17 de junio- que el gobierno dominicano estipuló para inscribirse dentro del Plan Nacional de Regularización del Migrante, donde se han visto incluidas las personas dominicanas de padres haitianos cuyos nacimientos en la República Dominicana nunca fueron registrados y que no tienen documentos de identidad oficiales. El gobierno ha advertido que iniciará las deportaciones a Haití de cualquier inmigrante indocumentado.

Foto: Elieser Tapia-El Día

Desde que inició el proceso de desnacionalización para los descendientes de haitianos en septiembre de 2013 con la sentencia del Tribunal Constitucional que despojó de la ciudadanía a los nacidos después de 1929 hijos de padres inmigrantes indocumentados, 200.000 personas han quedado en un limbo jurídico, apátridas en su país. Miles de personas han visto como su vida se ha detenido al verse privadas de los derechos más básicos por carecer de documentación que acreditase su nacionalidad.

Las contrapartes de InspirAction en República Dominicana han denunciado que decenas de miles de personas dominicanas de origen haitiano han sido incapaces de regularizar su situación bajo el plan de regularización, debido a la falta de información, la dificultad para reunir el papeleo, los costes y los retrasos en el procesamiento oficial de aplicaciones. Desde hoy, 18 de junio, pueden ser obligados a abandonar su país de origen y convertirse en apátridas.

Prospery Raymond, Responsable de la oficina de Haití y República Dominicana de InspirAction afirma: "estas personas son dominicanas: se sienten, actúan y sueñan como dominicanas. La mayoría no se ven a sí mismas teniendo ninguna conexión personal con Haití, a excepción de compartir un origen étnico. No poseen la documentación haitiana, ni podrían obtenerla. Y, sin embargo, están frente a un peligro real de ser desplazados por la fuerza a un país completamente extraño”.

Cuando hace un año el gobierno intentó solucionar el problema causado por la sentencia con la ley 169, se generaron dos planes para atender a las personas afectadas: el Plan de Naturalización para quienes poseían la nacionalidad y estaban registrados previamente, que pudieron recuperar su nacionalidad registrándose de nuevo en la Junta Central Electoral; y el Plan de Regularización para quienes carecían de registro previo. A estas personas se les pidió que se registraran en un libro de Extranjeros y después de dos años podrían solicitar la naturalización, lo que los convierte en “ciudadanos de segunda” en su propio país.

Sin embargo, los informes sugieren que los funcionarios dominicanos se han negado a emitir documentos de identidad a alrededor de 40.000 personas que entraban en la segunda categoría: menos de 9.000 se han registrado hasta el momento. Las contrapartes de InspirAction han estado ayudando a las personas afectadas para tener acceso a la documentación y se han comprometido a seguir apostando por el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana.

"Si comienzan las deportaciones en masa, esto podría desencadenar en una nueva crisis humanitaria en la isla. Por eso es importante que los casos de riesgo sean examinados individualmente y teniendo en cuenta el derecho de apelar, respetando el debido proceso. La prioridad de InspirAction es estar listos para apoyar y ayudar a los desplazados hombres, mujeres y niños que puedan ser afectados".

Prospery Raymondañadió "estamos preocupados por el impacto psicosocial en las familias que puedan separarse, la falta de servicios de apoyo disponibles para los expulsados y la conducta en las deportaciones, que siguen estando muy por debajo de los protocolos binacionales y las normas internacionales”.

Las deportaciones arbitrarias ya han empezado. Las organizaciones sociales han informado que entre enero y abril de este año más de 1.000 personas fueron enviadas a Haití sin el debido proceso.

El gobierno haitiano ha admitido no estar preparado para recibir deportaciones a gran escala y además, no considera a los dominicanos de origen haitiano como ciudadanos de su país, por lo que serán considerados apátridas. Haití sigue teniendo un umbral de pobreza elevado, donde más de 80.000 personas siguen desplazadas tras el terremoto de 2010 y no tienen acceso a los servicios básicos.

La organizaciones sociales están pidiendo al gobierno dominicano que permita permanecer en el país “sin miedo y sin la amenaza de la deportación”, a quienes están parcialmente registrados y cumplen con los criterios del Plan de Regularización. Se está instando a ambos Estados a trabajar juntos para encontrar la mejor solución a este complejo problema, que desdibuja las líneas entre la nacionalidad y la migración.

 "Dado que las leyes internacionales prohíben las expulsiones arbitrarias y colectivas, cualquier violación de estas leyes es una preocupación para la comunidad internacional", dijo Prospery Raymond. "Las organizaciones sociales esperan que otros gobiernos, en particular el Reino Unido, Estados Unidos y España, presionen al gobierno dominicano para detener las deportaciones, mientras apoyan a Haití y la República Dominicana para abordar esta cuestión. Sin embargo, en caso de que comiencen las deportaciones masivas esta semana, es vital que ambos estados tengan planes de contingencia para garantizar la conducción segura, digna y respetuosa de las deportaciones en consonancia con las obligaciones del derecho internacional humanitario".


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