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La Paz llegó a Colombia, pero quizás no es la paz que esperábamos

jueves, 30 de noviembre de 2017  Blog Colombia Sudamerica Construyendo Paz Igualdad de Género
El marco legal que pretende poner en práctica el Acuerdo de Paz corre el riesgo de no estar a la altura de las expectativas al obstaculizar la justicia que buscan las comunidades víctimas en Colombia

Hace un año que el gobierno colombiano y el líder rebelde de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 'Timochenko' firmaron el acuerdo para poner fin a más de 50 años de conflicto en Colombia. Fue un momento histórico. Desde entonces, pese a vivir un paso importante y muy esperado en el camino hacia la paz, parece que el espíritu que presentaba el acuerdo inicial se ha debilitado.

Hace un año que el gobierno colombiano y el líder rebelde de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 'Timochenko' firmaron el acuerdo para poner fin a más de 50 años de conflicto en Colombia. Fue un momento histórico. Desde entonces, pese a vivir un paso importante y muy esperado en el camino hacia la paz, parece que el espíritu del acuerdo inicial se ha debilitado.

Al desarrollar el marco legal del acuerdo y sus exclusiones, tales como la impunidad para las empresas, la falta de justicia para las víctimas de violencia sexual y la erradicación forzosa de cultivos, amenazan con debilitar el proceso de Paz en Colombia. De acuerdo a este marco legal, por ejemplo, no será obligatorio para terceros en el conflicto el comparecer ante los Tribunales Especiales de Paz  como políticos, funcionarios públicos y/o empresarios.

Desde las organizaciones de la sociedad civil como InspirAction y nuestros socios en Colombia, nos hemos mostrado muy preocupadas con esta situación, ya que a lo largo del conflicto ha quedado en evidencia que políticos, funcionarios públicos y empresario son corresponsables de los desplazamientos forzados y otros crímenes. Si el acuerdo no obliga a estos actores a comparecer ante los Tribunales Especiales de Paz, se corre el riesgo de consolidar la impunidad sistemática que existe en Colombia por violaciones graves de derechos humanos.

El caso Curvaradó

El caso de Curvaradó es una evidencia de la responsabilidad de los intereses comerciales en los daños causados durante el conflicto. Miles de personas fueron desplazadas en Curvaradó por las fuerzas de seguridad de Colombia en 1997. El gobierno explicó que el desplazamiento se provocó para expulsar a las FARC del territorio. Sin embargo, los desplazados fueron campesinos, mayoritariamente afro-descendientes, que perdieron sus casas, su tierra y todo lo que tenían.

Las tierras donde vivían terminaron en manos de grandes empresarios pese a que la ley reconoce el derecho de los afro-descendientes a ocupar las tierras en las que vivían y a cultivarlas colectivamente

En julio de 2013, dos empresarios fueron sentenciados a más de diez años por su participación en estos crímenes. Fue un hecho histórico y demostró lo que llevábamos años denunciando desde la sociedad civil: los intereses comerciales estaban trabajando con los paramilitares para desplazar forzosamente a las personas de su tierra.

Una ofensiva en julio de 2011 por parte de los paramilitares en Curvaradó, con la complicidad del ejército, fue denunciada por el Padre Alberto Franco, un miembro destacado de nuestra contraparte: la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En ese momento, su trabajo de empoderamiento de las comunidades afectadas por el conflicto armado lo convirtió en el blanco de amenazas de muerte.


Desde entonces, los tribunales civiles han condenado a numerosos políticos y funcionarios públicos por su colaboración con grupos paramilitares, incluidas otras atrocidades cometidas en Curvaradó y en otras zonas. Sin embargo, si el Acuerdo no obliga a que estos actores comparezcan ante los Tribunales Especiales de Paz, corremos el riesgo de obstaculizar la justicia que buscan las comunidades victimas en Colombia.

Igualmente preocupante es que el desarrollo de un marco legal que no respete el acuerdo de paz original con las FARC puede disuadir a otros grupos armados, como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), de llegar a un acuerdo con el gobierno.

Justicia para las víctimas de violencia sexual

Lo mismo puede ocurrir en relación a la respuesta que el  acuerdo de paz pretende dar a los delitos de violencia sexual. Es difícil estimar las cifras exactas pero una encuesta sugiere que entre 2000 y 2009, casi medio millón de mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual en las zonas afectadas por el conflicto.

El acuerdo de paz reconoce el derecho de las mujeres a la justicia y a tener voz e influencia en la construcción de la paz. Sin embargo, existe la preocupación de que  las fuerzas religiosas conservadoras en Colombia, las que cuentan con un renovado poder político, puedan socavar las promesas hechas a las sobrevivientes de violencia sexual que han sufrido tremendamente en el conflicto.

Casos como el de Blanca Nubia, de la Guajira colombiana y protagonista de la campaña de Inspiraction: Libres de Violencia, muestran que la búsqueda de justicia en casos violencia sexual se traduce en amenazas e intimidaciones hacia las víctimas.

2017-11-30BlogProcesodePazColombia-BlancaNubia
www.libresdeviolencia.com/blanca/

Claudia Mejía,  directora de nuestra contraparte Sisma Mujer, insiste: "La Jurisdicción Especial para la Paz tiene la enorme responsabilidad de garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y romper la norma general de impunidad por estos crímenes. Es necesario enviar un fuerte mensaje a sociedad de que la violencia sexual no es aceptable en la sociedad actual "

La erradicación de cultivos declarados ilícitos: otro punto débil en la implementación de los acuerdos de Paz

Otro tema importante se relaciona con los intentos del acuerdo para enfrentar el problema de las drogas. Según el acuerdo original, el gobierno se comprometió con la sustitución voluntaria de cultivos, siendo la erradicación forzosa de cultivos ilícitos el último recurso. El principio básico de la sustitución voluntaria de cultivos es que los agricultores reciban apoyo financiero y técnico a cambio de la destrucción voluntaria de los mismos.

Sin embargo, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, instó a las autoridades a luchar adecuadamente contra el narcotráfico en el país, incluso a través de la controvertida e ineficiente erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Sus comentarios llegan dos semanas después de que siete campesinos murieron en una manifestación contra la erradicación forzosa de sus cultivos de coca en Tumaco el 5 de octubre.

La presión de la administración Trump y los resultados del referéndum de 2016 han revertido el espíritu del acuerdo de paz de establecer políticas de drogas más eficientes y humanas. Como resultado, el Estado ha regresado a la política de erradicación forzosa de cultivos, a escala masiva. Lo más probable es que dentro de unas semanas se alcance la meta de erradicar 50,000 hectáreas de cultivos de coca este año. La triste ironía es que muchos de los agricultores cuyos cultivos están siendo erradicados  forzosamente por las fuerzas armadas ya se habían adherido a los acuerdos voluntarios. Esto solo servirá para que los campesinos  se sientan decepcionados y frustrados, porque sin un ingreso ya no podrán mantener a sus familias.

¿Es este el Acuerdo de Paz que queríamos?

No se puede negar que el acuerdo de paz de noviembre de 2016 fue un paso enorme en la dirección correcta. Las fuerzas políticas progresivas, incluidos valientes defensores de los derechos humanos y líderes de  comunidades, han trabajado arduamente para hacer realidad el sueño de la paz de millones de colombianos.

Sin embargo, está claro que para lograr una paz sostenible y duradera, el proceso de paz debe abordar las causas profundas del conflicto armado interno y hacer justicia para todos y todas: campesinos, mujeres y víctimas de desplazamientos forzosos. De lo contrario, al no respetar el acuerdo con las FARC, se corre también el riesgo de distanciarse de otros actores armados que aún no han llegado a un acuerdo con el gobierno.

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*Artículo original publicado en Latin American Bureau*