Es crucial que las preocupaciones de fiscalidad global se traten en un proceso incluyente con los países menos desarrollados para atender sus preocupaciones y ver el reflejo en los beneficios, y en una institución que sea plenamente representativa de todos los países. Es un primer paso necesario, pero aún se está muy lejos de la transparencia necesaria y de la fiscalidad adecuada para que los impuestos se paguen en los países dónde se generan los beneficios.

Los ministros de Finanzas del G20 han acordado avanzar en las recomendaciones de la OCDE para grabar a las multinacionales e intentar evitar la elusión fiscal, pero lo que presentan como un gran avance en transparencia aún dista mucho de ser un impuesto real.  Hace un año el G20 encargó a la OCDE realizar una propuesta para abordar la cuestión de las multinacionales que esquivan impuestos trasladando utilidades a jurisdicciones de baja imposición fiscal. Se solicitó que establecieran un Plan de Acción contra la erosión de Bases Imponibles y la Traslación de Beneficios, conocido como BEPS (por sus siglas en inglés Base Erosion and Profit Shifting).

En su informe BEPS la OCDE plantea siete recomendaciones al G20, que también muestran la dinámica de poder que impera dentro de estas instituciones,  donde los países menos desarrollados no están presentes, por lo que el interés de las naciones más poderosas siempre predomina.

Desde InspirAction consideramos que aunque el comunicado de los Ministros de Finanzas hable de manera explícita de asegurar que las preocupaciones de los países en desarrollo se abordan en el esfuerzo global para hacer frente a la evasión fiscal, la realidad dista mucho de tenerlos en cuenta. La OCDE ha afirmado que los países en desarrollo podrían estar perdiendo hasta tres veces el presupuesto global de la ayuda a través de la evasión y elusión fiscal. Las propuestas y compromisos propuestos incluyen algunos pasos importantes, pero hay un largo camino por recorrer antes de que se cumpla ese objetivo.

La propuesta de la OCDE incluye que las multinacionales informen de su negocio de forma segregada por país, con detalles de activos, beneficios, plantilla y tributos satisfechos. Esta información permitiría a los países actuar cuando considere que se están produciendo fugas fiscales indebidas. Es un paso importante, pero aún está muy lejos del principio de "las ganancias deben ser gravadas donde se realizan las actividades económicas de donde se derivan los beneficios y dónde se crea valor". Los países en desarrollo que no forman parte de G20 tienen más difícil acceder a esta información y poder beneficiarse de la misma. La falta de garantía de que tal información estará a disposición de la ciudadanía hace imposible tomar en serio la afirmación de la OCDE que “un gran paso adelante en la transparencia” se ha logrado.

Las políticas fiscales globales están siendo marcadas por  44 países desarrollados, muchos de los cuales son una parte fundamental del problema por su tratamiento fiscal – como Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, por citar algunos-. Mientras tanto, más de 100 países en desarrollo no son invitados a participar en la toma de decisiones.

Para las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en justicia fiscal, como InspirAction, es crucial que las preocupaciones de fiscalidad global se traten en un proceso incluyente con los países menos desarrollados para atender sus preocupaciones y ver el reflejo en los beneficios, y en una institución que sea plenamente representativa de todos los países. Hasta este momento, el proceso se está realizando en la OCDE, un club de países ricos, que no está en condiciones de desempeñar de forma justa este papel global, por lo que los ministros de finanzas del G20 también se están quedando cortos en la búsqueda de transparencia.