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Dominicanos por Derecho pide garantías para los dominicanos sin documentación


"Dominicanos por Derecho" ha hecho publico un comunicado en el que insta al gobierno a ofrecer garantías para evitar la expulsión de ciudadanos dominicanos indocumentados o con dificultades de acceder a su documentación.

El conjunto de organizaciones que integran la Plataforma "Dominicanos por Derecho" ha hecho publico un comunicado en el que insta al gobierno a ofrecer garantías para evitar la expulsión de ciudadanos dominicanos indocumentados o con dificultades de acceder a su documentación de identidad, ante el proceso de repatriación de personas extranjeras en situación migratoria irregular que ha comenzado el gobierno de República Dominicana hace unas semanas cuando se cumplia el plazo para registrarse en un programa especial de regulación. Todo comenzó en septiembre de 2013, cuando entraba en vigor la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana que denegaba la nacionalidad a una mujer, Juliana Deguis, dominicana de nacimiento e hija de padres haitianos. En este momento, unas 250.000 personas se convirtieron en apátridas. Denegar los documentos de identidad a una persona, conlleva impedirle hechos tan trascendentes como estudiar en la universidad, tener un trabajo, abrir una cuenta bancaria o casarse. Esta privación de los derechos  margina a personas dominicanas de ascendencia haitiana, cuyo único delito ha sido ser de origen haitiano, tener la piel más oscura o un apellido diferente. 

Desde que apareció la ley 169-14, en InspirAction hemos trabajado para dar a conocer la situación de estas personas y ejercer presión al gobierno para que reconociera los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana que no son inmigrantes sino ciudadanos dominicanos a los que se les ha retirado su nationalidad. Desde el comienzo de nuestra campaña Vidas en Pause, nos preocupaba que estas personas no lograran presentar los papeles que se les solicitaban en el registro a tiempo, ¿a qué país pertenecerán? ¿las expulsarán a Haití, un país que probablemente nunca han conocido? ¿Cuánto tiempo tendrán que estar sus vidas en pause para poder recobrar su nacionalidad?

Hoy, más de un año después, y tras varios cambios, nuevas sentencias, y nuevos plazos para presentar la documentación que se han ido agotando sin que los funcionarios fueran capaces de registrar a todas las personas que habían sido desnacionalizadas, las incógnitas son las mismas. Desde que el 17 de junio venciera la última prorroga que había dado el gobierno de Danilo Medina, se estima que 200.000 personas han quedado fuera del plan de regulación.

Las organizaciones socias de InspirAction en República Dominicana que forman parte de la Plataforma Dominicanos por Derecho han dejado claro al gobierno que no se opone a "ninguna medida migratoria que se implemente respetando la dignidad humana, derechos fundamentales, tratados internacionales y leyes nacionales que rigen la materia pero que bajo ningún concepto es aceptable que el Estado evada la responsabilidad de dar una solución efectiva a la situación de las personas desnacionalizadas pretendiendo  equiparar  a un dominicano no documentado  con una persona migrante".

Las organizaciones  además, llaman la atención sobre "el peligro de separar miles de familias con hijos dominicanos por la situación de documentación de sus miembros" y exhortan a las autoridades gubernamentales "socializar el protocolo, logística y criterios a utilizar  en el  proceso de repatriación de personas  migrantes en situación irregular   y que se permita a  las organizaciones dominicanas ser testigo de su adecuada implementación".

  
“El bloqueo injustificado de documentos en el sistema  impide a miles de personas a realizar con normalidad actividades de la vida civil y deja abierta la  posibilidad de que sean impedidas de ejercer su derecho al voto,  lo que ocasionaría serios cuestionamientos al proceso electoral que se avecina”. 
Tras el proceso de regulación, hay muchas personas que han conseguido regularizar su situación, pero aún quedan muchas más con #VidasEnpause.
“Es  momento de  asumir un compromiso nacional  que ponga    fin al bochornoso   capitulo de  discriminación institucional hacia dominicanos y dominicanas por el origen nacional de sus padres,  color de piel, ubicación geográfica, apellidos,  rasgos físicos y situación de documentación, instaurado por la JCE desde el 2007.  La Junta Central Electoral debe acatar de una vez y por todas la ley que devuelve  el acceso a sus documentos de identidad a los dominicanos/as descendientes de migrantes   inscritos en el registro civil”, concluye el comunicado de la Plataforma Dominicanos por Derecho que puedes leer completo en este enlace.