La ONGD InspirAction denuncia que desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas. Desde el mes de marzo de este año, se han cometido al menos 10 asesinatos de periodistas, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha. A su vez, continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias, de miembros de la oposición.

El Estado de Honduras ha fallado en la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destinadas a proteger la vida e integridad física de personas en riesgo. En varios casos, personas sujetas a medidas de protección fueron objeto de agresiones, que llegaron incluso a la muerte de sus víctimas.

La impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios del país. Todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado. Los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a la justicia han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y su politización. 

Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía  y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti  debilitan además la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Como consecuencia del golpe de Estado, la sociedad hondureña está viviendo una preocupante militarización. Altos mandos o ex miembros del Ejército, contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el golpe, ocupan la dirección de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Lobo.

El gobierno ha tomado algunas medidas en el área de derechos humanos, por ejemplo el nombramiento de una ministra asesora en materia de derechos humanos, la creación de una Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, o la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sin embargo, dada la situación que se vive en estos momentos en Honduras, es prácticamente imposible que estas iniciativas tengan un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.

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