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45,000 desaparecidos en Guatemala esperan respuesta del Estado

viernes, 29 de agosto de 2014  Blog     Derechos Humanos, Infancia

Autor: Jorge Santos. Coordinador General de nuestra contraparte CIIDH (Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos)
30 de agosto, Día Internacional de las desapariciones forzadas Guatemala es el país en América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición.  El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-, indica que aproximadamente 45,000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala durante el Conflicto Armado Interno, de las cuales alrededor de 5,000 desaparecidos eran niños y niñas. Dadas las dimensiones y los efectos causados por la realización de este delito de lesa humanidad, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- concluyó que en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática. El enfrentamiento armado y la violencia vinculada a él no fue limitada a sólo dos partes, y tampoco las víctimas pertenecen tan sólo a ciertos sectores. Casi todos los guatemaltecos han sido afectados por la violencia generalizada durante un largo periodo de tiempo. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales y políticos, estudiantes, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas, niñas y niños.[1] La CEH detalla el horror cometido a partir de la desaparición forzada y por ende recomienda realizar una serie de acciones que permita a la sociedad guatemalteca, abordar desde la perspectiva de la justicia transicional aquellos mecanismos que conlleven a la certeza de que tales hechos no se repitan jamás.  En ese sentido, la CEH realiza en sus recomendaciones 22, 23 y 24 las concernientes a la desaparición forzada y su forma de dignificar las víctimas, conocer la verdad sobre y los hechos y por supuesto la búsqueda de las personas víctimas de este delito.

Niña guatemalteca con su madre

Paula Plaza / InspirAction

La recomendación número 22 establece que el gobierno y el Organismo Judicial, con la colaboración activa de la sociedad civil, inicien a la mayor brevedad investigaciones sobre todas las desapariciones forzadas que se tenga conocimiento utilizando los recursos jurídicos y materiales disponibles, para aclarar el paradero de los desaparecidos y en el caso de haber muerto entregar sus restos a los familiares; cabe señalar que los esfuerzos que hasta la fecha se han realizado provienen exclusivamente de las y los familiares de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos, las cuales de 1997 a la fecha han realizado más de 300 reencuentros entre familiares; así como el invaluable esfuerzo de constatar el ADN de familiares, con el cual se han podido entregar restos de personas que fueron desaparecidos y que han aparecido en cementerios clandestinos o bien en fosas comunes. Así mismo la recomendación número 23 establece que el ejército de Guatemala y la ex Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca aporten cuanta información tengan en relación con desapariciones de personas acaecidas durante el periodo del enfrentamiento armado interno.[2] De este proceso cabe señalar que han existido una serie de esfuerzos para que el ejército entregue información relacionada a las desapariciones y otros delitos de lesa humanidad (particularmente durante le gobierno anterior) y este se ha negado rotundamente, incluso negando que exista tal documentación.  Este proceso de negación de la información se ha profundizado en este gobierno, al extremo de negar los hechos documentados por la CEH. La CEH también realizó recomendaciones puntuales, para atender el gran número de niñez desaparecida durante el conflicto, la cual detalla en su recomendación 24, en la cual establece que el Gobierno promueva con urgencia actividades orientadas a la búsqueda de niños y niñas desaparecidas que incluyan, al menos, las siguientes medidas: a) Creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos con la función de buscar niños y niñas desaparecidas, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de su familia y documentar su desaparición”[3]. Es menester señalar que, al igual que con otras recomendaciones, los gobiernos desde la firma de la paz al actual, han reiterado su ausencia de compromiso para dar cumplimiento a obligaciones legales, en tanto que los Acuerdos de Paz, han sido suscritos como compromisos de Estado, por parte del Congreso de la República.  Es por ello, que familiares de las víctimas de la desaparición forzada y organizaciones de derechos humanos desde el 2005 elaboraron una propuesta de Ley que permitiera crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición. Esta Iniciativa de Ley conocida con el número 3590, cuenta con dos dictamenes favorables por parte de dos comisiones de trabajo del Congreso de la República, uno del 2007 y el más reciente durante el 2012.  Después de una larga espera, la Instancia de Jefes de Bloque y la Junta Directiva del Parlamento guatemalteco deciden incluir la Iniciativa dentro de una moción privilegiada que conocerá el pleno del Congreso.  La situación actual de la 3590 promete en breve ser discutida en segunda lectura, dado que ya cuenta con 109 votos de los 80 necesarios a favor, que aprobaron su contenido en primera lectura. De tal cuenta que las y los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, así como las organizaciones de derechos humanos, estamos no sólo a la espera, sino movilizados, dispuestos a realizar las acciones necesarias, que impulsen la aprobación de esta importante normativa.
[1] Informe Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala, pág. 59. [2] Ibíd. [3] Ibíd.