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Violaciones de derechos, daños ambientales y perdidas de ingresos tributarios relacionados con la minería a gran escala en Colombia


La coalición ABColombia, con la que colabora InspirAction, revela en su informe “Regalándolo todo: las consecuencias de una política minera no sostenible en Colombia” los graves efectos sociales y ambientales que pueden tener los planes de crecimiento de la minería a gran escala en Colombia. Descarga el informe.

Después de entrevistar a académicos, analistas, funcionarios gubernamentales, agencias internacionales, empresas multinacionales y varias de las organizaciones contraparte de ABColombia, el informe llama la atención sobre los conflictos entre las distintas políticas gubernamentales que afectan a la minería.

Por poner un ejemplo, la consecución del Plan Nacional de Desarrollo que promueve el rápido aumento de la extracción a gran escala de recursos minerales, puede chocar directamente con las políticas gubernamentales orientadas al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas, a la protección del medioambiente y a los derechos de las víctimas del conflicto armado.

El informe sostiene que en las condiciones actuales será difícil que las empresas mineras de gran escala respeten los Principios Rectores de Naciones Unidas que promueven un enfoque de “no hacer daño”. Es imprescindible mejorar la transparencia de estos proyectos si realmente se quiere que las comunidades afectadas tengan la oportunidad de solicitar rendición de cuentas a empresas y entidades gubernamentales, indican estas organizaciones.

Además, según indica Isabel Ortigosa, responsable de Incidencia de la ONGD InspirAction, la pérdida de ingresos por pago de impuestos posiblemente tendrá un impacto en la gente más desfavorecida en Colombia: “En 2009 el gobierno colombiano perdió el 53% de su potenciales ingresos provenientes de impuestos sobre las ganancias de las corporaciones multinacionales, una cifra que asciende a 3820 millones de pesos colombianos. Esta cantidad excede lo que el gobierno presupuestó en el año 2012 para víctimas del conflicto armado (2900 millones de pesos colombianos). Este tipo de incentivos tributarios no son justificables”.

En conclusión, ABColombia indica que “el objetivo de que Colombia sea reconocida regionalmente como un país minero podría convertirse en una prioridad por encima de la implementación de políticas de restitución de tierras, aumentando así la dificultad de devolver las tierras despojadas a los desplazados”.

Para descargar el informe completo haz clic aquí.

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