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Restitución de tierras en Colombia: mucho por trabajar


El 22 de octubre de 2015, nuestra contraparte la Comisión Intereclesial Justicia y Paz se une con las organizaciones Forjando Futuro y la Corporación Jurídica Libertad para presentar frente a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de los Defensores y defensoras de Derechos Humanos para la restitución de tierras en Colombia.
  • En más de 50 años de conflicto en Colombia, 6 millones de personas han sido desplazas de sus tierras.
  • Existe una Ley que permite un proceso para la restitución de tierras pero hasta 2011 tan solo 1.300 demandas han sido escuchadas.
  • La restitución de tierras es un elemento clave para que la resolución del conflicto y la construcción de Paz en Colombia contemplen el derecho de verdad, reparación y justicia para las víctimas.
Danilo Rueda, defensor de Derechos Humanos de nuestra contraparte la CI Justicia y Paz Colombia comparte la situación actual en el proceso de restitución de tierras en Colombia: 569 años es el cálculo que se hace para devolver el reconocimiento de la propiedad y su uso, a las víctimas del despojo, propietarios legales y legítimos, que han reclamado a través de 360 mil demandas ante  la ley 1448, de 2011,  conocida como la ley de víctimas y de restitución. Durante sus cuatro años de aplicación, la ley, que contó con el respaldo al más alto nivel, como el Secretario General de Naciones Unidas, y se reconoce como las más avanzadas del mundo, no ha logrado sus propósitos. La ley que contempla dos mecanismos para la restitución de las tierras, proyectó que a 2020 habrían sido resueltos 300 mil casos, y hasta abril de 2015 solo se ha dado respuesta a cerca de 1300 demandas. Las razones de la ausencia de una mayor y mejor respuesta están perfectamente identificadas por organismos de derechos humanos, entre ellos Forjando Futuro, Corporación Jurídica Libertad y la Comisión de Justicia y Paz que presentaron estos datos y otros igualmente preocupantes, en una reciente audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los más de 6 millones de desplazados internos en razón del conflicto armado, y que son el mayor grueso de víctimas, han sido despojadas o han abandonado más de 6 millones de hectáreas de tierra en Colombia, en los últimos 25 años. Esta condición de victimización se origina, luego de desapariciones forzadas, calculadas en datos oficiales, en más de 45 mil casos de personas, mucho más que las ocurridas en las dictaduras militares del Cono Sur; de asesinatos selectivos y masacres. Como lo expresó en su momento Francis Deng, encargado especial de Naciones Unidas para los Desplazados en el mundo en su informe de Colombia en los 90,  detrás de esa violación múltiples de derechos humanos se identifican intereses económicos.

Encuentro Internacional por el Derecho a la Tierra – CONPAZ

La ley se ve limitada en razón de aspectos como la microfocalización que ha definido la priorización de unas regiones para que se inicien los trámites de devolución, siempre y cuando, exista un visto bueno de las fuerzas militares, que aseguran las áreas de devolución. En la práctica son los militares y no las autoridades civiles las que definen la aplicabilidad de la ley.  Las víctimas de territorios que no estén microfocalizados no podrán disfrutar del privilegio de lograr un más rápido acceso a la tierra reconocida como de su propiedad. Adicionalmente, la regionalización burocrática para la aplicación de la ley, no ha resultado ser el más idóneo. Con el dinero que ha invertido el Gobierno Regional en 4 años -836.719 de pesos- en la restitución de tierras se habrían comprado tres veces más de tierras de las que hasta el momento se han regresado. A estos factores de responsabilidad del ejecutivo, se suma la ausencia de voluntad política para que las Sentencias de los Jueces de Restitución generen por parte del ente investigador penal, la Fiscalía General de la Nación, la investigación sobre más de 10 empresas, entre ellas varias multinacionales mineras y petroleras, que se han beneficiado del despojo o de la adquisición arbitraria de tierras aprovechando los controles armados de los paramilitares. Desde el 2005 hasta hoy, más de 70 reclamantes de tierras han sido asesinados, 49 de ellos, en las regiones microfocalizadas. Los responsables de estos hechos dirigidos contra lideresas y líderes fundamentales han sido estructuras neoparamilitares que han operado con la omisión y complicidad de estructuras regulares. Todos estos crímenes cuando la investigación minimamente avanza identifica y captura a los sicarios, más no los planificadores y beneficiadores. En medio de esta criminalidad, que combina amenazas, y otras técnicas, de terror, las organizaciones de derechos humanos son también amenazadas, en los procesos en que ejercen la representación de las víctimas son estigamitizados y sectores empresariales desarrollan campañas de desprestigio mostrándolos como parte de estrategias terroristas, guerrilleras y contra el progreso. La ausencia de voluntad política para resolver asuntos de fondo de una ley, que usa el concepto de restitución, pero que en realidad conforme al derecho internacional, no restituye la tierra y los bienes muebles en las condiciones antes del desplazamiento y o despojo, es evidente. Colombia lleva en su historia un conflicto armado de más de 50 años. Uno de los asuntos cruciales que se ha discutido entre el gobierno del presidente Santos, el mismo que promulgó la ley de víctimas y de restitución, y la guerrilla de las FARC EP es el de la tierra, asunto que también forma parte de la agenda con ELN, proceso que se encuentra en una fase exploratoria. Los débiles resultados de la aplicación de la ley de restitución reflejan que los factores de poder que acaparan la tierra son intocables. Así, lo que logre pactarse con las guerrillas para su dejación de armas tendrá difícil cumplimiento, pues los factores de poder, los beneficiarios del despojo, sectores privados poderosos de agronegocios, industrias extractivas y minero energéticas, y de obras de infraestructura, no pretenden regresar las tierras o aceptar usos comunitarios de las tierras. Los privados hasta hoy aseguran su inversión como parte de un desarrollo excluyente, en lo social y lo ambiental, basado en la impunidad jurídica y la impunidad social, y las nuevas formas de paramilitarismo. Romper esos dispositivos de poder criminal siguen siendo los retos de las víctimas del despojo y el de una sociedad que proyecte la paz con justicia socio ambiental en un nuevo proyecto de país. Una paz sustentable, sostenible y duradera.

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