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El Pueblo Ch’orti reivindica sus derechos


“Amenazan y chantajean a las mujeres con limitar su acceso a la comida o les ofrecen cosas a cambio de que se pongan en contra de los líderes de la comunidad que luchan por sus derechos y quieren defender al pueblo de la pobreza que produce la sequía”.".

Lesly Marlene Ramírez Juarez, mujer Maya Ch’orti integrante de la Coordinadora Central Campesina Ch’orti Nuevo Día (CCCND), visitó Madrid acompañada por la organización Brigadas Internacionales de Paz en abril dentro de su gira europea como defensora de derechos humanos en Guatemala. Su objetivo es la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los pueblos indígenas en la región Ch’orti, en el oriente del país. Una región poco conocida, llena de cementerios clandestinos y con una población sometida a un proceso de militarización camuflada.

“El pueblo Ch’orti ha quedado invisibilizado porque la región tiene ingresos, sin embargo, los niveles de educación son muy bajos, así como el índice de desarrollo humano y el acceso a la asistencia sanitaria. Hay mucha desigualdad”, nos contaba Lesly durante su visita.

La comunidad Ch’orti está siendo víctima de amenazas debido a la existencia de intereses económicos sobre la explotación de bienes naturales, como las mega-hidroeléctricas, la explotación minera a cielo abierto y el corredor interoceánico o corredor tecnológico. A esto se le suma que se incumple el derecho a la consulta, siendo las pocas que hay totalmente manipuladas.

La CCCND trabaja en varios municipios del oriente de Guatemala, en el departamento de Chiquimula y desarrolla una labor formativa e informativa con las comunidades rurales sobre temas relativos a la economía campesina, el medio ambiente, derechos y territorio. Forma parte de la Plataforma Agraria y promueve espacios de evaluación y análisis sobre el impacto de proyectos de desarrollo planificados para la región. Además apoyan a las comunidades en procesos de reivindicación de su identidad Maya Ch’orti’ y para el reconocimiento y el registro legal como comunidades indígenas.

Lesly Ramírez reconoció que la falta de información sobre los proyectos hidroeléctricos planificados, y de consulta previa a las comunidades del área, afecta negativamente al tejido social y favorece la generación de  situaciones de conflicto. Los integrantes de la CCND, como defensores de los derechos del pueblo Ch’orti’, han recibido amenazas y agresiones por su defensa del territorio y sus reivindicaciones para los pueblos indígenas.

“Lo que pedimos es que los estados de otros países tengan en cuenta a la sociedad civil y se apueste por su fortalecimiento cuando se destinan fondos a la cooperación oficial. La Mancomunidad se ha hecho rica y ya no hay nadie que le chiste. A los defensores de los derechos y la sociedad civil se nos criminaliza”, afirmaba Lesly.

Numerosos miembros de la CCCND se han presentado en reiteradas ocasiones a citaciones de autoridades del sistema de justicia, principalmente en la Fiscalía de Chiquimula, tras acusaciones formuladas por actores privados o autoridades públicas locales en su contra por hechos relacionados con su labor o su rol en comunidades de la región.

Varias organizaciones internacionales han manifestado que existe “un intento de las autoridades de criminalizar a defensores de derechos humanos”.

Estos riesgos a los que se enfrentan los miembros de la CCCND se agravan cuando desde hace año y medio el asesinato de Carlos Hernández (defensor de derechos humanos y reconocido dirigente social y activista sindical de la región) se mantiene impune. Le dispararon el 8 de marzo de 2013 cuando regresaba de Honduras en un coche y recientemente las personas acusadas de su asesinato que estaban en prisión preventiva han sido puestas en libertad.