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Desaparición no es eufemismo de muerte

miércoles, 3 de septiembre de 2014  Blog

Hace unas semanas el mundo se alegraba del encuentro de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, con su nieto desaparecido. Los casos de los bebés robados durante la dictadura militar Argentina y la lucha de esas aguerridas mujeres de pañuelo blanco son ampliamente conocidos y reconocidos. No lo es tanto, en cambio, el hecho de que es Guatemala el país de América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición. El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, muchos pensarán en Argentina. Pocos en Guatemala. Durante los 36 años de Conflicto Armado Interno, 45.000 personas desaparecieron en Guatemala, la mayoría de ellas, indígenas de los pueblos maya, ixil y kiché. El ensañamiento con las minorías étnicas, así como el carácter sistemático de las masacres, torturas y ejecuciones extra-judiciales llevadas a cabo por el terror de Estado, hicieron que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) declarase que los crímenes cometidos en Guatemala habían alcanzado la categoría de genocidio. Sin embargo, el actual presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente que sucediera tal genocidio, y en sus declaraciones sobre los años de la guerra suele hacer referencia a que la guerrilla tuvo la misma responsabilidad que el Ejército en los abusos perpetrados (a pesar de que, según la CEH, el 93% de las atrocidades cometidas durante el conflicto fueron responsabilidad de las fuerzas armadas). No hay que olvidar que el actual presidente guatemalteco es un general retirado que durante los años 80 formaba parte como paracaidista de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, señalada por el informe de Naciones Unidas Guatemala, memoria del silencio como responsable de diversas matanzas en el área ixil del país, y fue Director de Inteligencia Militar de 1991 al 93. Así, ante un Gobierno marcadamente contrario a la recuperación de la memoria histórica, la labor de las “Abuelas de la Plaza de Mayo” guatemaltecas se torna todavía más difícil que la de sus homólogas argentinas. Quienes están impulsando esta lucha por el resarcimiento de las víctimas del Conflicto Armado Interno son distintas organizaciones no gubernamentales humanitarias aglutinadas en el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala, que está peleando actualmente por la aprobación de la iniciativa de ley 3590. “45.000 personas desaparecidas, 45.000 razones para aprobar la iniciativa de ley 3590”, dice la campaña del Grupo de Trabajo. Y es que esta propuesta de ley daría lugar a una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctima de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, que trabajase de manera conjunta y desde las instituciones estatales por encontrar el paradero de los hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidas durante la guerra.

© AP

45.000 razones contra la impunidad A veces da la sensación de que ciertos medios de comunicación emplean el término ‘desaparecido’ como eufemismo de muerto. Sin embargo, las familias de los desaparecidos durante el conflicto guatemalteco confiesan en sus testimonios que en muchas ocasiones hubieran preferido saber a sus familiares fallecidos. Es peor la falta de información, la incertidumbre y la impunidad con la que conviven esos niños que no tuvieron padres que les enseñaran a vivir, o esas madres que quisieran poder contarles a sus hijas perdidas tantas cosas que han pasado durante estos años. Familias que necesitan que su historia les sea devuelta para poder cerrar el ciclo de duelo y recuperar al menos la dignidad de sus seres queridos. Tampoco una persona desaparecida es un muerto cuyo cuerpo nunca llega a encontrarse. Puede ser una niña que crece con una familia ajena, criada por los que probablemente fueron los captores o asesinos de sus verdaderos padres. Un niño con una identidad reemplazada que puede que nunca llegue a encontrarse…. A sí mismo. Por estas personas, y en especial por la niñez desaparecida, es por quienes lucha el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, miembro del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala y contraparte de InspirAction en el país, que está presionando al Gobierno guatemalteco para que la iniciativa de ley 3590 sea aprobada con carácter de urgencia nacional. Que dejen de emplearse tácticas dilatorias y recursos jurídicos que obstaculizan la efectiva persecución y sanción de los responsables de que en Guatemala, durante la llamada “política de tierra arrasada”, multitud de comunidades indígenas fueran literalmente borradas del mapa. Si hay 45.000 razones para que Guatemala apruebe la ley que contribuirá a la reparación y a la reconciliación nacional, es porque existen muchos más motivos para no permitir la impunidad de los genocidas. Porque desaparecido no es eufemismo de muerto. Es sinónimo de injusticia.

© Prensa Libre

Este artículo fue publicado originalmente en Periodismo Humano el 29.8.2014

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