La campaña “Educación Digna” impulsada por nuestra contraparte Centro Montalvo se está dejando oír en toda República Dominicana. Lo que empezó como una campaña pequeñita con un presupuesto ajustado se ha convertido en una campaña a gran escala que ha movilizado a miles de ciudadanos tanto dentro como fuera del país, alcanzando una repercusión mediática sin precedentes y convirtiéndose en uno de los eventos más destacados de República Dominicana de los últimos tiempos.
A través de conciertos, manifestaciones, charlas, etc. las organizaciones y la sociedad civil dominicana exigen al Gobierno que cumpla con la Ley General de Educación 66-97, la que establece que el 4% del PIB en el presupuesto nacional sea destinado en inversión a la educación. Una movilización social masiva con una simpática peculiaridad: todos los participante llevan algo amarillo: un pañuelo, un globo, una falda. Un color chillón para llamar la atención a las administraciones públicas para que cumplan lo que por ley corresponde a todos los dominicanos.
Especialmente impactantes son los denominados “Lunes Amarillos”, días en los que miles de ciudadanos salen a las calles de todo el país ataviados de gorras, pañuelos, camisetas e incluso paraguas de color amarillo intenso con el mismo objetivo: protestar ante el Gobierno para que se destine un 4% de los presupuestos anuales del Estado en educación.
Mira aquí el vídeo de uno de los últimos conciertos
Sophie Richmond, responsable de InspirAction en el país explica: “La educación es un derecho que corresponde a todo el mundo y es extremadamente importante para el desarrollo de cualquier país”. Y República Dominicana no es una excepción, con una tasa de analfabetismo que roza el 12% en los adultos y que en algunos sectores de la población se dispara hasta alcanzar el 30%. “El gobierno dominicano destina alrededor del 2% del PIB en educación: una de las cifras más bajas de toda América Latina”, continúa Richmond. La cifra que exige la sociedad dominicana no solo es realista (otros países están pidiendo mucho más) sino que ya se encuentra contemplado por la Ley Dominicana por lo que es un deber del Gobierno cumplir para con sus ciudadanos.
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